El año político inició con la sublevación fascista impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien meses antes había anunciado que desconocería los resultados, que sabía adversos, de la contienda electoral. El presidente de USA, entonces, se comportó en su país como se comportan los embajadores de USA a lo largo del planeta entero. La gravedad de lo acontecido dejó en claro la intención del fascismo internacional de arrasar hasta con las más elementales instituciones formales de la democracia representativa: separación de poderes, órganos de control independientes, pesos y contrapesos, debido proceso, igualdad ante la ley, libertad de prensa, etc. Lo dado por sentado, al menos en teoría, en las denominadas democracias occidentales desde finales del siglo XVIII: logros de la modernidad, la ilustración y el liberalismo burgués, que ahora son negados por quienes han basado su legitimidad en autoproclamarse sus defensores.
Este modelo, con todas sus evidentes limitaciones y carencias, les ha dejado de ser funcional. Dentro de su propia institucionalidad ya no pueden atajar los cambios democráticos que las ciudadanías impulsamos a nivel mundial.
En Colombia y en gran parte del mundo, también, la contradicción política fundamental actualmente es entre las fuerzas democráticas, de corte progresista, respetuosas de las libertades individuales y unos principios básicos elementales para convivir en sociedad, versus las fuerzas fascistas, autoritarias, premodernas y anti-derechos, vinculadas a las mafias y el paramilitarismo.
Nos encontramos en una paradoja histórica inédita: por una parte, esas fuerzas tradicionales de la vieja política concentran más poder que nunca: tienen el Ejecutivo; controlan el Legislativo (y, aun así, lo cerraron desde hace 1 año para evitar cualquier asomo de oposición política); amedrentan y desacatan a las altas Cortes y al poder Judicial; disponen a su antojo de manera perversa de los órganos de control: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría; alientan y ponen al frente de las Fuerzas Militares y de Policía a los sectores más descompuestos de esas instituciones; y cada vez cooptan de manera más descarada a los grandes medios de comunicación. Sin embargo, nunca habían estado tan cerca de perder ese poder. Y eso, por supuesto, ha hecho y hará que sean cada vez más brutales en su necesidad de retenerlo. Saben que, en democracia, así sea formal, bajo las reglas de juego que ellos mismos han dicho defender, no pueden detener el cambio progresista en curso. Veamos.
El Acuerdo de Paz desató unas fuerzas sociales que se encontraban contenidas.
Pese a las enormes dificultades en su implementación, la perfidia estatal, la evidente distorsión de su espíritu y el incumplimiento a gran parte de lo pactado, el Acuerdo de Paz ha supuesto un punto de quiebre en la dinámica política del país. En términos electorales, un breve recuento de las elecciones disputadas desde entonces ratifica tal afirmación: pese a que el plebiscito se perdió, más de 6 millones de personas salimos a votar en favor de la paz, de manera desinteresada, sin ninguna contraprestación y guiados por la esperanza de construir un nuevo país. Después vinieron las elecciones al Congreso de la República, en las que se registraron las votaciones más altas de la oposición y los sectores independientes, en la historia del país. Posteriormente, las elecciones presidenciales, en las que, en segunda vuelta, la candidatura alternativa obtuvo 8 millones de votos, de lejos, y sin punto de comparación, la más alta hasta entonces. Poco después, la llamada “consulta anticorrupción”, con más de 11 millones y medio de sufragios. Finalmente, las elecciones regionales más recientes en las que en las grandes ciudades Bogotá, Cali y Medellín, y otras como Buenaventura, Manizales, Cúcuta, Cartagena, Villavicencio y Florencia, entre otras, y en departamentos como Magdalena y Huila, otrora fortines de los clanes, el paramilitarismo y la mafia, fueron ganadas por sectores que no tienen vínculos con la criminalidad ni hacen parte de la coalición del Gobierno Nacional, de derecha y extrema derecha.
Simultáneamente, hemos presenciado enormes movilizaciones sociales, a nivel local, regional y nacional, como las del Paro Agrario de 2013, las convocadas en defensa del Acuerdo de Paz cuando se perdió el plebiscito, a finales de 2016; las del Paro de Buenaventura de 2017, las del llamado Paro Nacional, del 21 de noviembre de 2019 y las recientes, en contra del abuso policial, que terminaron con la quema de varios CAI, el 9 de septiembre de 2020, entre muchas otras. El descontento popular con el statu quo es generalizado, cada vez mayor y en ascenso.
Importante es destacar que la mayoría de esas movilizaciones fueron protagonizadas por mujeres y hombres jóvenes, sin filiación partidista, ni de pertenencia orgánica a las organizaciones políticas, sociales y sindicales que históricamente las han orientado. A su vez, ninguna organización creció significativamente, ni se hizo a la representación de las exigencias y banderas de las ciudadanías movilizadas, porque estas tampoco se sienten recogidas ni representadas por aquellas: la misma riqueza y pluralidad de las agendas impide que así sea. Paradójicamente, incluso, organizaciones con trayectorias de décadas en la lucha social, no sólo no han crecido en estos tiempos de entusiasmo y movilización, sino que han perdido militancia, influencia de masas y posicionamiento político, al menos en parte, por no dar el valor requerido ni interpretar adecuadamente las demandas en torno a temas como los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, las juventudes, la naturaleza, los animales y el ambiente, entre otras, hoy en primera línea de la agenda pública democrática.
Sin duda, hay un evidente hartazgo generalizado de la ciudadanía con la vieja política tradicional, con el que, sin embargo, no terminamos de sintonizarnos los sectores alternativos que pretendemos ejercer una nueva forma de hacer política. En consecuencia, los notables avances en términos electorales han venido, sobre todo, de la denominada “opinión”, de sectores no organizados, ni orgánicos de ningún aparato o expresión partidista. El “sentido común” de la ciudadanía, cada vez más entusiasta del cambio y apropiada de la agenda pública, se ha venido desplazando hacia valores democráticos y pluralistas.
Aunado a ello, la derecha y la extrema derecha, tendrán la dificultad de que su jefe Álvaro Uribe no pueda participar en las siguientes elecciones, para no ostentar el fuero de congresista y seguir huyendo de una investigación y juicio independiente e imparcial, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Eso menguará la fortaleza electoral de su partido y aunará en las evidentes disputas internas que ya se ventilan en público respecto a su conducción.
Hacia una convergencia amplia por la Paz, la vida y la democracia.
Estamos pues, ante una oportunidad histórica, sin antecedentes, en la que, por primera vez, es real y posible la llegada al gobierno nacional de una apuesta alternativa. Toda la suma de factores descritos nos impone el deber de trabajar con ahínco para consolidar una convergencia, lo más amplia posible, sin sectarismos, ni “purismos” y sin ninguna clase de vetos ni exclusiones, entre las fuerzas democráticas; contra la vieja política del Ubérrimo, el narcotráfico y el paramilitarismo.
Surge una gran esperanza con el anuncio del llamado Pacto Histórico, que debe seguir siendo consolidado. Tal convergencia debe incluir a todos los partidos, movimientos e iniciativas que se opongan al continuismo del gobierno nacional actual.
Pese a la evidente dificultad de consolidar una propuesta unitaria, es posible hacerlo y, de hecho, se ha venido haciendo: en el escenario del Congreso de la República, por ejemplo, la Bancada Alternativa, conformada por Comunes (antes FARC), el Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo, Dignidad, la Unión Patriótica, el MAIS y la Colombia Humana, junto a los sectores más liberales de partidos del establecimiento, denominados los socialdemócratas, como La U, Cambio Radical y el Partido Liberal, en la práctica, en la mayoría de los temas, se han comportado como una bancada unificada. En medio de todas las dificultades, contradicciones, diferencias y matices, se ha podido hacer un ejercicio conjunto y juicioso tanto de oposición como de salvaguarda de aspectos cruciales de la nación, en las que hay enormes coincidencias, siendo el principal la defensa del proceso de Paz.
En ese sentido, es inédito también que sectores del establecimiento se sumen y coincidan con agendas y personalidades de las izquierdas. Lo que demuestra eso es la fortaleza y posibilidad real de llegar a ser gobierno, pues “nadie se va a subir a un avión que se está cayendo”. Inexplicablemente, para algunos eso es un retroceso más que un avance. Gústenos o no, en este momento histórico poder ser gobierno y gozar de gobernabilidad implica construir pactos con estos sectores: ni las izquierdas solas, ni el centro solo, está en condiciones de garantizar la derrota del uribismo. Negar esa realidad sólo favorece el continuismo. Nos necesitamos y nos necesitaremos mutuamente, si pretendemos ser gobierno.
Consolidar tal alianza, sustentada en una agenda programática común, tiene mucha más viabilidad de triunfo si se hace antes de la primera vuelta presidencial, mediante una consulta o el mecanismo que se acuerde para elegir una candidata o candidato único de la convergencia. Llegar divididos supondría un grave riesgo.
Ahora bien, tal convergencia debería construirse no sólo de cara a la elección presidencial sino también y, sobre todo, para las legislativas: además de sumar figuras del establecimiento que contribuyan a garantizar el ejercicio de gobierno, es indispensable tener mayorías parlamentarias que blinden la gobernabilidad alternativa. En ese sentido, construir una lista única de coalición en la que converjan las candidaturas de las fuerzas democráticas y de izquierdas supondría un avance sustancial y necesario, acorde a la inédita coyuntura histórica. Potencializar la votación de esa lista implicaría que fuera cerrada, paritaria o con mayor participación de las mujeres, y en cremallera. Suena a tarea imposible, pero es fundamental para disputarle exitosamente la representación mayoritaria del Congreso a las fuerzas más retardatarias, que siempre la han tenido.
Tramitar las diferencias con respeto.
La consolidación del proyecto alternativo en construcción debe tomar suficiente conciencia de la necesidad de que medios y fines sean consecuentes entre sí. Si prometemos cimentar un país tolerante, respetuoso de la diferencia, la diversidad y el pluralismo, debemos ser absolutamente respetuosos de las distintas posturas y matices al interior del campo democrático, superar discusiones estériles, acusaciones mutuas, descalificaciones e insultos, que terminan debilitando la posibilidad del cambio. Urge encontrar la manera de tramitar las diferencias y discusiones legítimas y necesarias, de manera respetuosa, franca y directa, sin confundir ni perder de vista que el verdadero rival a vencer, el único rival a vencer, en este momento, es la vieja política del Ubérrimo: deponer egos, soberbias y mezquindades, para derrotar al fascismo y la mafia.
El Senador Iván Cepeda lo dijo con claridad meridiana: “lo único que nos puede impedir ganar hoy, somos nosotros mismos y nosotras. Tenemos que entender claramente que hoy el problema reside en nosotros y en nuestra decisión política.” Para convertirnos en una alternativa real de poder debemos comportarnos como tal, y para ello es indispensable detener la lamentable campaña de agravios entre los sectores que se oponen al continuismo: tanto al interior de las izquierdas, como de las izquierdas con el centro y del centro con las izquierdas, con la que se regocija lo más cavernario y criminal de la política nacional. Los espectáculos vergonzosos que hemos presenciado empequeñecen a quienes los protagonizan, nos muestran débiles y nos alejan de la ciudadanía. Por solo ejemplificar algunas situaciones: ni Petro es un tóxico extremista, ni los Verdes son uribistas disfrazados, ni criticar o cuestionar decisiones de los Partidos o movimientos en los que se participa convierte en traidores a quienes plantean reparos y discusiones, por demás válidas y necesarias.
Finalmente, sería muy lamentable que las fuerzas progresistas que acompañaron el proceso de paz y siguen luchando por su cabal implementación negaran un espacio en la eventual coalición y alianza electoral al Partido Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido del tránsito de las FARC EP a la legalidad, con lo que se impediría la consolidación de tal apuesta y la consecuente, urgente y necesaria ampliación democrática que implica tal participación. Corresponde a los sectores alternativos contribuir a romper el cerco antidemocrático que desde el gobierno nacional se ha pretendido imponer a Comunes y no sumarse ni cohonestar con tal exclusión.
