En medio de la vertiginosa agenda de noticias, tanto nacional como internacional, el pasado 18 de febrero la revista Cambio dio a conocer un hecho político jurídico de gran trascendencia, que pasó casi desapercibido: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al Representante a la Cámara Miguel Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado.
Esta conducta se encuentra tipificada en el Código Penal de la siguiente manera: “el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor”.
Según Cambio, la Corte Suprema sostiene que Polo Polo ha desplegado un“discurso de odio en contra de las personas y conglomerados que profesan una ideología política diferente a la suya, lo que en algunos eventos específicos como el que es materia de análisis, desborda ciertamente los límites constitucionales de la libertad de expresión y el ejercicio de control político que le corresponde (…) No se considera admisible que, en el actual contexto histórico del país, y en el marco de una democracia representativa, el representante Miguel Polo Polo recurra como dirigente político a promover una posición hostil de incitación a la violencia en contra de personas que políticamente piensan diferente, haciendo uso en forma constante de un discurso denigrante, discriminatorio y de hostigamiento”.
En Colombia y en todo el mundo presenciamos diariamente la degradación del debate público. Vociferar discursos estigmatizantes sin ningún rigor se ha vuelto muy rentable electoralmente. La política como espectáculo de insultos, frivolidad y promoción del odio es un inmenso riesgo social que avanza a pasos agigantados.
La decisión de la Corte es un freno a la práctica generalizada de políticos que buscan llamar la atención, acumular seguidores y ganar poder a través de la desinformación y la estigmatización. Además, envía un mensaje contundente a quienes pretenden hacer política fomentando el odio, recordando que se trata de un delito sancionado con prisión e inhabilitación para participar en procesos electorales. Este tipo de estrategias para obtener notoriedad y disputar el poder son inadmisibles en una democracia.
