¿Ruido de Sables?

Las recientes declaraciones del General Zapateiro son una violación inaceptable del artículo 219 de la Constitución y, en un gobierno respetuoso de las instituciones, deberían costarle la baja sin titubeos. Constituyen -además- el mejor acto de campaña por Gustavo Petro en los últimos meses y -quizás- representan el empujón que necesitaba el candidato para ganar las elecciones. 

No obstante, el bochornoso episodio -que seguramente no tendrá repercusiones en lo inmediato para el General, más allá de algún anuncio de “investigaciones a fondo”- abre una pregunta de mayor calado: En caso de que, como indican todas las encuestas, Gustavo Petro sea elegido como nuevo presidente, ¿el sector de la élite política y militar que gobierna al país está dispuesto a permitir una transición de mando respetuosa de la institucionalidad democrática?. 

Hay al menos 3 indicios que permiten intuir una respuesta negativa a esta pregunta. En primer lugar, el proyecto de ley radicado por Iván Duque con la pretensión de ocultar información en el proceso de empalme presidencial; en segundo lugar, la abierta participación en política que ha hecho el Fiscal General, el presidente y -ahora- el comandante de las FFMM; en tercer lugar, la soterrada campaña de entrampamientos agenciada en contra de la campaña de Gustavo Petro. 

Ahora bien, si basados en estas pistas, la respuesta a la pregunta planteada es que el proyecto político actualmente en el poder, NO está dispuesto a permitir una transición respetuosa de la institucionalidad democrática y/o un gobierno relativamente estable, vale preguntarse ¿Cómo piensa evitarlo?.

Una primera posibilidad -lejana en mi opinión- y que ha tomado fuerza en algunos sectores cercanos al proyecto político de Gustavo Petro es un posible golpe militar, a propósito del tono amenazante del General Zapateiro y de las supuestas reuniones sostenidas en la cúpula militar para “discutir qué hacer en caso de un triunfo electoral de Gustavo Petro”. Considero que esta opción es lejana, no por la cacareada “subordinación histórica” de las fuerzas militares al poder civil en Colombia -que ha atendido más a intereses compartidos entre el poder civil hegemónico y las fuerzas militares que a un respeto estructural de las instituciones- o por la supuesta “apoliticidad” de unas Fuerzas Militares que, en la práctica, han sido altamente politizadas bajo la doctrina contrainsurgente y “anticomunista”; sino porque los sectores interesados en no ceder el poder pueden tener métodos menos costosos y más efectivos que un golpe militar para impedir un eventual gobierno exitoso de Gustavo Petro.

Una segunda posibilidad, más plausible, es la aplicación de estrategias de lawfare o un golpe de estado blando, no tradicional. Si nos apegamos a las etapas que describe Gene Sharp, podemos ver que algunas de ellas, aún sin que Gustavo Petro haya ganado, ya están en marcha: como las “alertas” por la “posible instauración de un gobierno totalitario” o la implementación de una “dictadura” que va a “acabar con la libertad de prensa”, acusaciones que tienen el objetivo, entre otras, de generar un ambiente nacional e internacional adverso para un eventual gobierno alternativo.

Una tercera posibilidad y, la más plausible, es dejar el terreno lo suficientemente minado para que el gobierno de Gustavo Petro sea incapaz de cumplir con las expectativas y promesas que ha generado. Una operación “tortuga” de sectores de las Fuerzas Militares que haga insostenible la situación de orden público en el país y aumente el poder de los Grupos Armados Organizados; la adquisición de compromisos económicos previos a la transmisión inversión del Estado en un eventual gobierno alternativo; nuevos entrampamientos en contra de firmantes de la paz y/o sectores cercanos a Gustavo Petro, entre otras. Quizás el camino más fácil para la élite enquistada en el poder es generar una situación de ingobernabilidad que arrastre a un eventual gobierno democrático a traicionar las altas expectativas que ha generado: permitir que el gobierno alternativo labre su propio desprestigio “dejándolo gobernar” en medio de una situación ingobernable.

En cualquiera de los tres escenarios se imponen -al menos- cuatro tareas urgentes que podrían marcar la diferencia entre el fracasado gobierno de Iván Duque y un gobierno alternativo y que, además, podrían dificultar estos planes antidemocráticos: a) iniciar un proceso de democratización de la fuerza pública que mejore las condiciones de la tropa y que, a su vez, modifique con urgencia las condiciones de ingreso y ascenso en la carrera castrense; b) la urgente reactivación de los diálogos para el sometimiento y/o la solución política con grupos armados, según sea el caso, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y avanzar hacia la recuperación del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado; c) un plan de choque para implementar el Acuerdo Final de Paz en cada uno de sus puntos; d) una reforma política y fiscal que modernicen el sistema político colombiano -de conformidad con lo pactado en el Acuerdo de Paz- y permitan aumentar y redefinir las prioridades del gasto público, respectivamente. En una próxima columna me ocuparé con más detalle de estas “tareas urgentes”.

Por ahora no olvidemos: quienes han puesto en riesgo la democracia no son los que probablemente lleguen a la Casa de Nariño en cabeza de Gustavo Petro, son más bien quienes, en el desespero de la mudanza y como un acto de venganza por sus pésimos resultados, quieren dejar una ruina institucional ingobernable como única herencia a su sucesor. Estamos alertados

*La presente columna no compromete la posición editorial del CIPADH