No hace falta repetir las cifras que diversos informes e instituciones han publicado sobre el rezago del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en adelante PNIS) durante el cuatrienio de Duque; para un gobierno que anunció como promesa de campaña el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato e invirtió continuos esfuerzos institucionales para reanudarlas era previsible que el programa y los compromisos con las comunidades no estarían en el orden del día. Si bien Duque fracasó en sus intentos por fumigar a los campesinos y a los pueblos étnicos, sí logró sabotear el PNIS, desfinanciándolo, marginando las instancias de participación comunitaria y agudizando los enfrentamientos entre la fuerza pública y las comunidades vía la erradicación forzada manual. Así las cosas, las promesas de sustitución y paz en los territorios no podrían estar más quebradas. El nuevo gobierno deberá asumir la profunda desconfianza que sienten las comunidades, usuarios y líderes que creyeron en el PNIS y que han recibido solo muestras de incumplimientos; y revitalizar la idea de la sustitución voluntaria y concertada en el debate político y en la cotidianidad de las familias cultivadoras.
En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro planteaba lo siguiente frente a la política antinarcótica: “es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la Guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente […] Llegó la hora de cambiar la política antidrogas en el mundo para que permita la vida y no genere la muerte. ‘Que nos quieren apoyar con la paz’, nos dicen en todos los discursos, pues cambie la política antidrogas que está en sus manos, en el poder mundial, en las Naciones Unidas.” En efecto, la política antidrogas y su carácter prohibicionista se sustenta en un entramado de tratados internacionales que comprometen a los Estados firmantes a cumplir con las metas de cero-tolerancia frente a la producción y el consumo de sustancias psicoactivas. Por supuesto, el cambio y la discusión de la política debe darse en esta arena interestatal como es Naciones Unidas. Pero desde el margen de acción nacional, ¿cuáles son los cambios de la política antinarcótica que pueden estar en las “manos de Petro”? ¿Bajo qué estrategias el gobierno del cambio para la vida podría cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz e intentar resolver la problemática de cultivos de uso ilícito? En este espacio, quisiera aportar tres ideas que pueden dar un segundo aire al PNIS en los primeros meses del nuevo gobierno.
Se ha dicho que la propuesta de Paz Total (o Paz Definitiva) planteada por el presidente electo incluye el cumplimiento de los compromisos dispuestos en el Acuerdo Final de Paz. En la práctica, esto significa asumir tres compromisos: primero, no persecución a los eslabones débiles de la cadena, entre ellos al cultivador; segundo, concertar y dialogar con las comunidades la mejor estrategia para disminuir los cultivos, para mejorar sus ingresos y sus condiciones socioeconómicas (articulación del PNIS con la Reforma Rural Integral); tercero, la erradicación forzada (manual, terrestre o aérea) se llevará a cabo en última instancia, sólo cuando se demuestre que las familias incumplen sus compromisos con la sustitución o no están dispuestas a sustituir. Si el gobierno electo quiere cumplir con las anteriores disposiciones, contenidas en el Acuerdo y retomadas en sentencias de las altas cortes (Corte Constitucional T 236/2017 auto 387/2019 y de algunos tribunales (como el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca y en Nariño), no bastará con no reanudar la aspersión aérea con glifosato. La paz territorial y el llamado del presidente a la Paz Total requieren la suspensión de toda forma de erradicación forzada, en este caso manual y terrestre.
El presidente ha mencionado en su discurso de posesión -y en ocasiones anteriores- la idea de continuar con el Diálogo Social, como una forma de construir esa Paz Total en los territorios. El enfoque territorial adoptado en el Acuerdo Final de Paz también hacía alusión a esa participación social y comunitaria que debería contener la implementación de los programas y estrategias de paz. Desde esta propuesta de Diálogo Social y enfoque territorial, la segunda idea que el nuevo gobierno debería poner en marcha es la reactivación de todas las instancias de participación del PNIS a nivel nacional y local. Durante su mandato, Duque no realizó ninguna reunión con los representantes del Consejo Permanente de Dirección, la instancia de participación del PNIS a nivel nacional -entre otras cosas marginó completamente a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). Urge que en las respectivas instancias territoriales y en este Consejo se haga una evaluación sobre la implementación del programa; se discutan los ajustes normativos (modificación del decreto ley 896/2017) y los rediseños necesarios para potenciar y expandir el PNIS a otros municipios afectados por los cultivos de uso ilícito; y se tracen las medidas pertinentes de articulación con el punto 1 y con las propuestas sociales del nuevo gobierno.
Por último, el Ministerio de Justicia podría enfocar sus esfuerzos en radicar dos iniciativas legislativas imprescindibles para garantizar las condiciones de seguridad en los territorios y detener la persecución y violencia contra el campesinado y los pueblos étnicos asentados en estas zonas de producción: primero, el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial; segundo, el proyecto de ley para promover el sometimiento/acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales.
El presidente Petro inicia su mandato reconociendo -como en su momento otros mandatarios y expresidentes colombianos lo han propuesto- el fracaso de la guerra contra las drogas; y al igual que la posición que tuvieron los jefes negociadores de las FARC-EP y el gobierno Santos en La Habana, insiste en la necesidad de transformar precisamente ese enfoque de guerra de la política antinarcótica para conseguir la paz en Colombia y en el continente. Adicionalmente, parece ser que el llamado de Petro es que la Paz Total y Definitiva requiere modificaciones más exhaustivas que superen las famosas “líneas rojas” del Acuerdo de Paz, y esta pretensión del nuevo gobierno es legítima. Claramente, el cambio de la política antinarcótica supera las fronteras del Acuerdo, piénsese en el tema de la legalización/regulación. Sin embargo, estos años de implementación han puesto en duda la sostenibilidad de las nuevas estrategias en materia antinarcótica, incluso de aquellas medidas que no estaban en abierta contraposición con el paradigma prohibicionista, como lo es hasta cierto punto el PNIS. Considero que en estos primeros meses el gobierno debe retomar el lenguaje y los compromisos del Acuerdo Final de Paz como puntos de partida para implementar y consolidar ese cambio que busca en política antidrogas, sobre todo al tomar en cuenta que su predecesor no solo se negó a ejecutar el Acuerdo, sino que en algunos casos retrocedió el curso de la implementación dejando el punto 4 en números rojos.
