Santiago Uribe Vélez ha sido absuelto en primera instancia de los graves delitos de los que se le acusó. Socialmente se desconoce la magnitud del proceso en su contra. A lo sumo, en la opinión pública trasciende que Uribe Vélez fue acusado de tener vínculos con un grupo armado y que ahora ha sido absuelto.
La realidad procesal de este caso, sin embargo, dista sustancialmente de eso y evidencia una serie de gravísimos hechos delictivos, en forma contundente y profunda. Lo cierto es que después de casi 30 años de haberse instaurado la denuncia penal que dio inicio al proceso, el cual estuvo archivado incomprensiblemente entre agosto de 1999 y junio de 2010, Santiago Uribe Vélez fue llevado a juicio acusado de haber conformado, liderado y dirigido un grupo paramilitar dedicado a ejecutar una política de exterminio en contra de quienes consideraban tanto indeseables sociales (prostitutas, consumidores de drogas, ladrones, etc), como militantes, simpatizantes o auxiliadores de grupos subversivos; con la complicidad y protagonismo de agentes estatales, principalmente de la Policía y el Ejército Nacional.
A Santiago Uribe no se le acusó de hechos aislados o esporádicos. Es tal la magnitud de la barbarie y horror acontecidos, que a partir del contexto de macrocriminalidad generalizada en que sucedieron los hechos, las conductas investigadas son consideradas crímenes de lesa humanidad. Se concluye esto luego de hacer un análisis del fenómeno paramilitar en Antioquia entre 1988 y 2005, con especial énfasis en el estudio de homicidios ocurridos entre 1990 y 1998 en el norte de ese departamento y que son atribuibles al accionar criminal del grupo paramilitar conocido principalmente con el nombre de los 12 apóstoles. La comisión de tales violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad del hermano del expresidente de la República es de lo que se trata el proceso.
Tal análisis incluyó inspecciones a más de 500 procesos judiciales -inactivos o cerrados en un 99%-; revisión de actas de levantamientos de cadáveres y de documentos elaborados por organismos de control como las Personerías Municipales de Yarumal y Campamento y la Procuraduría General de la Nación; Alertas Urgentes de Amnistía Internacional, Informes de la Fiscalía General de la Nación, del CTI y de ONG´S de derechos humanos, entre otros elementos de prueba documentales; todos ellos elaborados entre 1993 y 1997. A partir de allí, se logró establecer un universo de víctimas descomunal: más de 530 personas asesinadas o desaparecidas por los 12 apóstoles. Los informes y documentos referidos demuestran, desde aquellos años, la sistematicidad del exterminio contra ciertos sectores de la población civil, además de la integración, organización, estructura y proceder delictivo de los 12 apóstoles. Santiago Uribe fue acusado de estar en la cúspide de esa estructura responsable de crímenes de lesa humanidad: no era su aliado, su financiador, ni su cómplice: era el comandante máximo y jefe supremo.
Además de ello, hubo decenas de declaraciones, provenientes de toda clase de testigos, que señalan la manera en que se creó y gestó el grupo, la participación de actores públicos y privados en su actuar, los propósitos de su plan criminal y, sobre todo, la calidad de jefe máximo de la organización paramilitar de Santiago Uribe Vélez: en su contra han declarado policías que fungieron como comandantes de la estación de Yarumal y que, a su vez, eran integrantes de los 12 apóstoles, agentes asignados a tal jurisdicción que también hacían parte del grupo criminal, funcionarios públicos de organismos de control que denunciaron los hechos desde la época de su ocurrencia, testigos y víctimas directas e indirectas de la organización, pobladores de los municipios donde operó, altos mandos militares que tuvieron resultados positivos contra paramilitares (y que por esa razón fueron llamados a calificar servicios) y comandantes paramilitares del nivel nacional como Salvatore Mancuso, alias Don Berna y alias Don Mario, entre otros; que pretendieron dar cuenta tanto de la macrocriminalidad de lesa humanidad que tuvo lugar en la zona, como de la responsabilidad máxima de Uribe Vélez en esos hechos.
Se evidenció también cómo este grupo paramilitar está en el germen de la creación de las autodenominadas ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), de lo que sería después el Bloque Metro (que surgió directamente de los 12 apóstoles, aunque algunos de sus integrantes fundaron también el Bloque Central Bolívar) y, finalmente, de su preponderancia en las llamadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Desde sus inicios, el grupo paramilitar funcionó de manera concertada con la denominada Casa Castaño. Comandantes paramilitares dieron fe de la amistad personal entre Uribe Vélez y los hermanos Carlos y Vicente Castaño, y de cómo para realizar acciones delictivas en el norte de Antioquia, Carlos Castaño debía coordinar con Santiago Uribe para que no hubiera inconvenientes.
En conclusión, hay pruebas conducentes a establecer que el hermano del expresidente de Colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional, como un comandante de al menos la misma jerarquía de quienes estuvieron en el proceso de la ley 975 de 2005, y con mucho más poder político que cualquiera de ellos.
Durante todos estos años, el aparato de administración de justicia condujo a la impunidad al tomar decisiones temerarias, contraevidentes, injustas e ilegales. Como lo evidencia este proceso, salvo honrosas excepciones, el poder judicial ha sido funcional a los intereses de grupos criminales, dirigidos o vinculados a sectores institucionales de poder político, económico, militar, financiero, social, mediático y eclesial. La posibilidad de hacer un escrutinio histórico a esa macrocriminalidad y esclarecer la verdad sobre lo ocurrido, es a lo que se oponen, con toda su fuerza, los actores o beneficiarios de tal macro criminalidad.
Los crímenes de Lesa Humanidad de los 12 Apóstoles continúan impunes.
